Marzo 2024
Las cartas que faltan
“Las municipalidades son corporaciones autónomas de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio, cuya finalidad es satisfacer las necesidades de la comunidad local y asegurar su participación en el progreso económico, social y cultural de la comuna”, dice la Constitución actual. También se establece que, si bien forman parte de la administración del Estado, son autónomas en cuanto deben asumir sus propias decisiones en el contexto de sus atribuciones y funciones legales. La administración comunal está constituida por el Alcalde y el Concejo municipal.
El financiamiento regular de una municipalidad proviene de la explotación de bienes municipales, impuestos municipales como permisos de circulación, las patentes de comercio y derechos varios, como por ejemplo licencias de conducir. También se considera el impuesto territorial que tiene asociado un sistema de reparto determinado por ley. Otros ingresos provienen de concesiones y derechos variados. Las municipalidades con menos recursos complementan ingresos mediante la redistribución de ingresos a través del Fondo Común de Municipios. Otros recursos se obtienen participando de fondos concursables mediante la formulación y evaluación de proyectos específicos.
Los municipios tienen a cargo también los Centros de Salud Familiar cuyo financiamiento proviene de un aporte estatal por población inscrita en éstos, e incluye aspectos como nivel socioeconómico, ruralidad y otros. También se consideran los Programas de Reforzamiento Municipal que aportan recursos desde el nivel central.
La educación municipal está siendo traspasada por lo que a hoy ya algunos municipios no tienen responsabilidad en este ámbito.
Las funciones propias por ley son el plan comunal de desarrollo, el plano regulador, el desarrollo comunitario, ordenamiento del tránsito y transporte públicos, las normas de construcción, urbanización y el aseo y ornato de la comuna.
Otras funciones, asociadas o no con otros organismos del estado, incluyen la cultura, la salud, protección del medio ambiente, asistencia social, promoción del empleo y fomento productivo, turismo, deporte, recreación, prevención de riesgos, viviendas sociales, promover la igualdad de oportunidades y el desarrollo de actividades de interés común.
Los Alcaldes rinden cuenta de su gestión mediante una cuenta pública anual referida a la ejecución del presupuesto, acciones para cumplir con el plan de desarrollo comunal, inversiones efectuadas, indicadores relevantes sobre la administración de salud y otros sobre la administración interna.
De los párrafos anteriores pueden hacerse las siguientes observaciones:
El Alcalde elegido puede desarrollar una administración sólo sujeta al cumplimiento legal de rendir cuenta de lo realizado.
El Alcalde comienza su gestión con un compromiso legal con la comunidad en vista a la resolución de problemas y/o lograr avances relevantes para cada una de las actividades que se asocian al quehacer municipal, por otro lado el Concejo puede fiscalizar sólo las tareas que ejecuta la municipalidad respecto de su legalidad y, a lo más, recomendar al Alcalde la formulación y ejecución de proyectos específicos.
Existe obligación legal para la formulación y mantención de indicadores de gestión para cada ámbito de acción de la gestión municipal y su divulgación en la comunidad, lo que está a cargo de la Secretaría Comunal de Planificación, pero poco se sabe si esto se realiza y si los Concejales lo exigen.
La comunidad no recibe de la municipalidad una información que permita distinguir si la calidad de los servicios ha cambiado para mejor o peor y como producto de un programa de trabajo conocido y que, al momento de la inscripción de las candidaturas a Alcalde, esto constituya un registro público para comparar en una evaluación por semestre.
Poco o nada se aprecia en la gestión alcaldicia, en muchas municipalidades, que los ciudadanos puedan valorar positivamente. En el día a día se repiten los problemas, como la gestión del tránsito, el comercio ambulante, el mal uso de espacios públicos, la falta de consideración de la opinión de los vecinos. Ejemplos sobran, a saber: en Concepción el acceso al policlínico del Hospital Regional tomado por ambulantes y suciedad permanente con perjuicio más que evidente para la movilidad de personas discapacitadas, polémicas por uso del Estadio Ester Roa para eventos sin planes reales de contingencia y con consenso participativo. En San Pedro de la Paz, la fiscalización de las vías exclusivas para la movilización colectiva no es realizada, la prestación de los servicios de un Centro de Salud Familiar con problemas de infraestructura y limitaciones superables con una mejor gestión, temas que se repiten en otras comunas.
Pareciera que cuando los servicios son bien prestados esto dependiera de la casualidad de contar con personal competente pero no de una gestión integrada y producto de planes y evaluaciones profesionales.
Si se compara la gestión a nivel de Centros de Salud Familiar, no es posible justificar diferencias sustanciales entre estos órganos, cuando se pasa de una comuna a otra estas diferencias suelen ser ofensivas para la comunidad. Cabe preguntarse entonces ¿cuáles son los mínimos aceptables?
Claramente esto se explica por la ausencia de indicadores de calidad que la ciudadanía no tiene y que las municipalidades y sus autoridades no progresan en implementarlos. La elección de las autoridades son un ejercicio de política barata y no de compromiso real con la comunidad.
En la Revista Española de Control Externo (sept. 2017) se señala que “durante las década de los 80 y los 90, el proceso de reforma del sector público a nivel internacional supuso, esencialmente, el paso de un modelo de organización burocrática, formalmente estructurado, a un modelo de gestión inspirado en el sector privado, guiado por los principios de eficiencia y eficacia, orientado al ciudadano y que buscaba aplicar el criterio de responsabilidad en la gestión de los recursos públicos”, esta visión condujo a la generación de nuevos instrumentos que fomenten la transparencia, la responsabilidad y la participación de todos los actores y centrado en la obtención de información integrada. Surgen entonces las Cartas de Servicio como un medio de divulgación de información sobre los servicios que prestan las entidades públicas, como las municipalidades, a sus usuarios y, sobre todo, de los compromisos que asumen en relación a éstos. A través de sus sistemas de indicadores pueden permitir la evaluación de la gestión de los servicios, lograr transparencia y fomentar la participación de los ciudadanos.
Una carta de servicio describe con claridad el servicio prestado, los compromisos de calidad con sus medidas, el seguimiento y la evaluación. Incluye los derechos y responsabilidades, la forma de participación ciudadana, las gestiones y trámites necesarios, los directivos a cargo, los datos de contactos de los encargados y la normativa aplicable a los servicios.
Una carta de servicio en operación, frente a la elección de nuevas autoridades, obliga a éstas a plantearse frente a la comunidad con conocimiento pleno de los compromisos en curso y su evaluación, por tanto, los ciudadanos deberán recibir cual es la propuesta del candidato y, simultáneamente, la forma en que la propuesta será evaluada cada tanto tiempo. La participación de los candidatos ya no podrá basarse en discursos espurios. Si se desea una buena administración municipal, ésta debe ser lo más profesional posible en cuanto a conseguir lo mejor para la comunidad, haciendo realidad la participación o, como suele decirse ahora, se logre la tan manoseada inclusión…que en el primer mundo ya ocurrió hace mucho tiempo y donde las decisiones de variado tipo se someten a plebiscito.
Hoy los partidos políticos sólo eligen candidatos y nada más y como lo demuestra la historia reciente, más parece que eligen a futuros imputados por corrupción. Los habitantes de cada comuna y electores poco o nada saben de la oferta programática…no lo sabrán pues no existe interés por ofrecerlos. Así las cosas, pasarán 4 años más con gobiernos comunales sin rendición de cuentas y sin compromisos formales. Saquen sus conclusiones.
Esteban Marcelo Rodríguez Melo
Ingeniero Comercial UdeC
7 de diciembre 2023
La Unión Iberoamericana de Municipalistas convocó el XIV Congreso Iberoamericano de Municipalistas organizado junto a la Ilustre Municipalidad de Valdivia y la Asociación de Municipios de la Región de los Ríos.
Los Ejes Temáticos motivo de la convocatoria fueron:
a. El desarrollo sostenible frente al reto de descarbonizar la sociedad, conservar la biodiversidad, potenciar la economía circular y proteger los recursos híbridos involucrando a la ciudadanía y las empresas.
b. La transformación digital y la innovación para hacer frente al reto de construir ciudades inteligentes que den respuesta a las necesidades cambiantes de la administración pública, de la ciudadanía y del resto de agentes sociales.
c. La representación de las mujeres en puestos de decisión como reto a afrontar en los próximos años ante la necesidad de aportar a la política puntos de vista, aptitudes y perspectivas diferentes y necesarias en una sociedad de grandes transformaciones y crecientes problemas sociales a nivel global.
Los electores deberían ver algo de los temas en los programas que ofrezcan los candidatos a las Alcaldía…muchos ya en campaña.
La tradición eleccionaria nos ha mostrado candidatos, en apariencia independientes, o con una opción partidista declarada. Pero hace mucho tiempo, y si es que alguien pudiera recordar, no vemos un programa y un compromiso de ejecución, menos aún, una fórmula para exhibir lo que realmente se logra.
Este Congreso es valioso, sin duda por los temas propuestos, pero no atiende lo principal, que es la cercanía y el compromiso con la ciudadanía, tal que se acerquen a los estándares mínimos vigentes en el primer mundo, respecto de ejercer la democracia con vista al ciudadano y no con vista a un partido o tendencia política.
Esteban Marcelo Rodríguez Melo
Ingeniero Comercial UdeC
7 de diciembre 2023.